Ante la necesidad de mantener la calidad periodística en la era de la posverdad, son muchas las iniciativas y propuestas que han proliferado en los últimos años.
Desde hace un tiempo, la desinformación es una de las mayores preocupaciones en las sociedades europeas, incluida la española. Una de las principales conclusiones que arroja el informe anual del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford ‘Digital News Report España’ de 2022 es que los bulos y las noticias falsas generan preocupación e inquietud en el 62% de los españoles. El estudio revela también que el 72% de la población admite haber valorado como verdadera alguna noticia falsa y que el 95,9% cree que la desinformación es un problema para el conjunto de la sociedad.
Plan de Acción contra la desinformación
A raíz de la preocupación generada alrededor de este fenómeno, la Unión Europea aprobó en diciembre de 2018 un Plan de Acción contra la desinformación, que entró en vigor en 2019. El objetivo del plan era contrarrestar cualquier campaña de posverdad producida tanto dentro como fuera de Europa. Se consolidó tras establecer que era necesaria una actuación más coordinada y acorde a los valores democráticos, que hiciese frente a los riesgos para las sociedades abiertas. En el Plan, se destacó que «Nuestras instituciones democráticas y nuestros valores comunes -la libertad de expresión y la libertad y pluralidad de los medios de comunicación, entre otros- son el fundamento de la resiliencia de nuestras sociedades frente a los desafíos».
El Plan de Acción se sustentó en cuatro importantes pilares: en primer lugar, el aumento de recursos para frenar la avalancha de desinformación que trata de disipar la información real, para así mejorar la detección precoz de noticias falsas. En segundo lugar, la respuesta coordinada a los ataques mediante la implementación de un sistema de alerta rápida entre las Instituciones de la UE y los Estados miembros; de esta manera, se facilita el intercambio de datos y se hace frente a la desinformación en tiempo real.
En tercer lugar, el adecuado cumplimiento del código de buenas prácticas a las plataformas que ofrecen información en línea, hecho que facilita la identificación de cuentas falsas o interacciones no humanas. Finalmente, la creación de grupos de verificación y de contraste de datos, así como programas específicos para sensibilizar a la ciudadanía.
Otras iniciativas europeas
Paralelamente, a nivel europeo se han ido desarrollando distintas iniciativas destinadas a combatir el fenómeno de la desinformación.
Un buen ejemplo de ello es la plataforma EU vs Desinfo, establecida por el Grupo Operativo East StratCom del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) con el propósito de anticipar, abordar y responder a las campañas de desinformación de origen ruso que impactan en la Unión Europea, sus Estados miembros y los países de la región. Desde febrero de 2022, EU vs Disinformation ha rastreado más de 237 casos de desinformación relacionados con Ucrania y más de 5.500 casos totales de desinformación sobre Ucrania desde su creación en 2015.
Zona de aprendizaje, en cambio, es una web pensada para los profesores de países miembros de la Unión Europea. Se trata de un repositorio con presentaciones y otros materiales para educar a los alumnos sobre distintas temáticas. Entre ellas, se encuentra un KIT de herramientas para explicar cómo hacer frente a la desinformación. El objetivo es enseñar a los alumnos a distinguir la información verdadera de la falsa cuando navegan por internet.
Otra iniciativa interesante de la UE es EDMO (European Digital Media Observatory). Creado en junio de 2020 por la Comisión Europea, EDMO es un observatorio independiente que reúne a verificadores de hechos e investigadores académicos con experiencia en el campo de la desinformación. Constituye una red de centros de investigación sobre medios digitales y recursos sobre verificación con ocho unidades de investigación regionales en distintos países de la UE. Su objetivo es actuar como punto de referencia en datos y políticas sobre desinformación, confianza pública, alfabetización mediática e información de calidad. Los proyectos coordinados por EDMO ayudan en particular a identificar la desinformación, desarraigar sus fuentes o diluir su impacto, así como apoyar la verificación de hechos y conectar a las comunidades de expertos relacionadas.
En España, el trabajo del observatorio EDMO queda plasmado en el proyecto Iberifier, lanzado en septiembre de 2021. Cuenta con la participación de 23 instituciones de España y Portugal, así como 90 investigadores especializados en comunicación digital, desinformación, computación y análisis estratégico.
Finalmente, la Fundación Cibervoluntarios está coordinando un programa europeo, denominado DoCHECK!. Se trata de un proyecto Erasmus+ que se desarrollará hasta 2024 y cuyo objetivo es ayudar a detectar y combatir la desinformación a través de herramientas digitales entre los jóvenes de 14 a 18 años, especialmente entre aquellos más vulnerables. Otro de sus objetivos es empoderar a padres y educadores de estudiantes, brindándoles recursos que puedan utilizar para ayudar a los adolescentes a detectar y prevenir la desinformación. La Fundación coordina este proyecto junto con 5 organizaciones europeas de España, Italia, Bélgica y Grecia, para desarrollar conjuntamente recursos educativos abiertos en varios idiomas.
La nueva Ley de Servicios Digitales
Paralelamente, las instituciones europeas preparan una serie de medidas que se empezarán a aplicar en 2024. Entre las más importantes, destaca la nueva Ley de Servicios Digitales, cuyo objetivo es el de regular los algoritmos de recomendación en Internet en las grandes plataformas y denunciar las campañas o contenidos dañinos que promueven la desinformación.
«Durante demasiado tiempo los gigantes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas. El mundo digital se ha convertido en un salvaje oeste, en el que los más grandes y fuertes establecen las reglas. Pero hay un nuevo sheriff en la ciudad: la Ley de Servicios Digitales. Ahora se reforzarán las normas y los derechos.» – Christel Schaldemose, Eurodiputada encargada de la Ley de Servicios Digitales en el PE
La Ley de Servicios Digitales entró en vigor el 16 de noviembre de 2022. Tras este momento, las plataformas en línea tuvieron que comunicar el número de usuarios finales activos en sus sitios web. Sobre la base de las cifras facilitadas, la Comisión evaluó si las plataformas se designaban como plataformas en línea de muy gran tamaño o motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño. El 25 de abril de 2023 se adoptaron las primeras decisiones de designación. Una vez tomada la decisión de designación por parte de la Comisión, las entidades disponen de cuatro meses para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales. La Ley será directamente aplicable en toda la UE a partir del 17 de febrero de 2024, 15 meses después de su entrada en vigor. Para entonces, los Estados miembros deben facultar a sus autoridades nacionales para hacer cumplir las nuevas normas por las plataformas más pequeñas, las plataformas en línea y los motores de búsqueda en línea de muy gran tamaño.
Una de las mayores novedades de la ley es que obliga a los grandes operadores de Internet a revelar su algoritmo de recomendación (Considerando 64), que hace que unos contenidos queden por encima de otros en las búsquedas. La regulación de los algoritmos también es central en la Ley de Inteligencia Artificial, que todavía se está debatiendo en una comisión del Parlamento Europeo.
El papel de los verificadores
Por otro lado, las instituciones europeas destacan el papel de las plataformas de verificación de datos o fact-checking como una pieza clave para preservar los valores democráticos.
El Informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea (INGE) considera crucial el trabajo de los verificadores independientes, en cuanto proporcionan información sobre los ataques malintencionados en curso y permiten contrarrestarlos. Sin embargo, cabe tener en cuenta que la desinformación no procede solamente de fuentes extranjeras. La eurodiputada Christel Schaldemose no asegura que las autoridades puedan hacer el trabajo por sí solas y pide que los países miembros apoyen el trabajo de los verificadores como un mecanismo de confianza. Asimismo, destaca que la lucha contra la desinformación necesita más que acciones por parte de instituciones o verificadores, si no que requiere el compromiso de la sociedad.
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